La Procuraduría General de la Nación, en su papel de vigilancia sobre la conducta de los servidores públicos, incluyendo aquellos de elección popular, ha solicitado a los mandatarios salientes de municipios, departamentos y ciudades que integren en sus informes de gestión, rendición de cuentas y empalme datos que permitan identificar los resultados en los territorios.
Según el ente de control, esta información, contenida en la Guía con Orientaciones para la Transición de Gobiernos Territoriales del Departamento Nacional de Planeación (DNP), permitirá a los nuevos mandatarios que asumirán funciones el 1 de enero de 2024 priorizar los proyectos estratégicos más relevantes y exitosos. Estos serán considerados en la formulación del nuevo plan de desarrollo territorial, garantizando así los derechos de la población y el acceso prioritario a servicios públicos esenciales.
A través de la Directiva 15 de 2023, la Procuraduría enfatiza la necesidad para los gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas salientes de realizar las gestiones administrativas, contractuales y presupuestales pertinentes para el correcto funcionamiento de la administración. Esto debe estar orientado hacia la protección de los derechos de las poblaciones más vulnerables.
Asimismo, se exhorta a evidenciar temas que involucren la competencia entre diferentes niveles de gobierno o situaciones en las que otra administración, bajo el principio de subsidiariedad, haya asumido funciones para garantizar derechos fundamentales o acceso a servicios públicos esenciales.
La Procuraduría enfatiza la necesidad de publicar contratos suscritos, ejecutados y liquidados, incluyendo aquellos en curso. Se espera la inclusión de análisis y planes de mejora previstos, así como el último informe presentado en el Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión (FURAG).
En el documento, se invita a los Consejos Territoriales de Planeación (CTP) a participar en el proceso de transición emitiendo recomendaciones sobre programas y proyectos estratégicos para su priorización o continuidad. También se destaca la importancia de suministrar información a personeros y oficinas de control interno para ejercer control y auditoría, asegurando así la transparencia en el proceso de transición de gobierno.
La Procuraduría recuerda que el incumplimiento de la normatividad relativa al proceso de transición de gobiernos territoriales, tanto por las administraciones salientes como por las entrantes, conlleva responsabilidades disciplinarias.
