Por : Juan Pablo Manjarres Varón

En este comienzo de 2025, la situación de los 288 niños desaparecidos en Bogotá a lo largo de 2024 refleja un panorama desolador para muchas familias que han pasado las fiestas de fin de año sumidas en la angustia. Esta problemática no es exclusiva de la capital, pero la magnitud de los casos registrados es alarmante. Las desapariciones involucran principalmente a niñas y se concentran en barrios de bajos recursos, en localidades como Bosa, Los Mártires o Ciudad Bolívar. Sin embargo, la tragedia es más amplia, pues el 80% de los menores desaparecidos en todo el país son niñas, y muchos de estos casos permanecen sin respuesta.

Las cifras siguen creciendo año tras año, y las respuestas de las autoridades siguen siendo insuficientes. En 2024, se reportaron 635 menores desaparecidos en Colombia, y aunque la mayoría son encontrados o regresan a casa, muchos siguen sin resolución, y en dos casos se registró la muerte de los menores. La falta de una estrategia clara por parte del Estado, la insuficiencia de recursos y la desorganización de las bases de datos oficiales son algunos de los factores que han permitido que este fenómeno continúe ocurriendo. Lo más preocupante es que muchos de estos casos están asociados con redes de trata de personas y con episodios de violencia sexual e intrafamiliar.

Es imposible no pensar que, aunque el foco mediático se dirige hacia casos específicos como el de Clara Sofía Galván, la gran mayoría de los casos de desapariciones infantiles siguen en el olvido, sin una respuesta eficaz. La pregunta es: ¿Por qué la desaparición de nuestros niños y niñas no está recibiendo la prioridad que merece? La Fiscalía General de la Nación, ha mostrado la falta de una unidad especializada para investigar delitos contra menores -que por fortuna ya funciona en Ibagué-, y las cifras de impunidad son altísimas. El Estado tiene la capacidad de respuesta, pero aún no ha implementado políticas públicas efectivas para enfrentar esta realidad.

En el Tolima, los casos de abuso sexual infantil también son preocupantes. Según datos oficiales, cerca de 50 niños son abusados sexualmente cada día en Colombia, y los municipios de Ibagué, Melgar, Chaparral, Mariquita y Espinal se encuentran entre los de mayor incidencia en el departamento. Esta situación evidencia la urgencia de un cambio estructural que no solo se enfoque en la atención a los casos, sino también en la prevención. La solución no está únicamente en las campañas, sino en una respuesta institucional inmediata y efectiva.

La desaparición de menores y los abusos sexuales son manifestaciones de un problema mucho más grande que requiere un compromiso colectivo. Desde el sistema educativo, la sociedad civil y el Estado deben trabajar juntos para garantizar un entorno seguro para nuestros niños, niñas y adolescentes. Cada caso no resuelto, cada niña o niño desaparecido es una alerta que no podemos ignorar. El futuro de nuestra niñez está en nuestras manos, y no podemos permitirnos dejar que este vacío, este horror invisible, continúe arrasando con tantas vidas inocentes.

El escenario es desalentador, pero aún estamos a tiempo de cambiarlo. El 2024 fue un año de pérdidas, pero 2025 debe ser el de la acción. La protección de nuestros niños y niñas depende de todos nosotros.