Como resultado de las acciones de vigilancia se evidenciaron 31 deficiencias que afectan la prestación de servicios, específicamente en las áreas de urgencias, farmacias y gestión contractual.

Durante la jornada de inspección, se procedió al cierre de todos los pisos del hospital como parte del proceso de intervención. A partir de este momento, la administración y las finanzas del hospital pasan a estar bajo el control de la Superintendencia de Salud.

La intervención forzosa para administrar y la toma de posesión inmediata de los activos, bienes y operaciones del Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar del Líbano se llevó a cabo mediante la Resolución 202342000008123-6, emitida por la Superintendencia de Salud. Esta medida se tomó después de que se identificaran 31 hallazgos que comprometían la prestación de servicios de salud y revelaban deficiencias en cuestiones administrativas, presupuestales, de contratación, reportes financieros e inconsistencias en la información proporcionada al ente de control.

Como parte de esta intervención, se ordenó la destitución del gerente actual y se designó a la doctora Nelly Belén Arzuza Mendoza como agente especial interventora, quien asumió sus funciones como representante legal del centro asistencial de inmediato. La Dra. Arzuza Mendoza, médica cirujana cartagenera con especialización en Gerencia de Servicios de Salud, cuenta con una amplia experiencia en la administración de hospitales públicos.

Es importante destacar que el hospital intervenido es una Empresa Social del Estado (ESE) de segundo nivel de atención, ubicado en el municipio de El Líbano, con cobertura en los municipios de Casabianca, Murillo y Villahermosa, que suman un total de 63,000 habitantes.

Entre los hallazgos identificados por la Superintendencia de Salud se incluyen más de 123 días de espera para la atención, tiempos de atención reducidos, aplicación de consulta espejo o asistida, fallos en los registros de atención al paciente y otros problemas. Además, se encontró que el hospital había gestionado de manera inapropiada la facturación por la venta de servicios de salud, llegando a un valor de $13,955 millones.

La intervención también se basa en el incumplimiento de normativas vigentes en aspectos contractuales y administrativos, incluyendo la falta de un manual de contratación y la no aplicación de los principios generales que rigen la contratación pública. Se observó la falta de cumplimiento de disposiciones legales en relación con la conformación y funcionamiento de la junta directiva.

La resolución que ordena la intervención exige a la agente interventora tomar las medidas necesarias para abordar las cuestiones que llevaron a esta intervención forzosa.

Ante estas acciones, el gerente del hospital, Jaime Gonzales, emitió un comunicado a través de las redes sociales en el que niega la información proporcionada por la Superintendencia de Salud y afirma que se llevará a cabo un proceso legal contra los eventos ocurridos en las últimas horas.