En los últimos días ha circulado con fuerza la denuncia de algunos padres de familia que señalan la falta de acción de los colegios frente al consumo de sustancias psicoactivas entre estudiantes. Sin embargo, vale la pena hacer una reflexión más profunda: ¿realmente es la institución educativa la única responsable de lo que hacen los jóvenes dentro y fuera de sus instalaciones?

Es cierto que las instituciones tienen protocolos, manuales de convivencia y rutas de atención que deben activarse ante situaciones de riesgo. Y, en la mayoría de los casos, esas rutas sí se activan: se informa a los padres, se realizan jornadas de sensibilización, se coordina con las autoridades locales y se fomenta la corresponsabilidad con la comunidad. Pero aquí surge un punto incómodo que a veces no queremos aceptar: muchos adolescentes, a pesar de recibir charlas, advertencias y acompañamiento, deciden actuar por cuenta propia, desobedeciendo consejos, minimizando riesgos y normalizando prácticas que atentan contra su salud.

La realidad es que los colegios no pueden convertirse en cárceles ni en organismos de vigilancia permanente. Cumplen con una misión pedagógica, de formación en valores, pero no tienen la capacidad de controlar cada conducta individual, ni dentro ni mucho menos fuera del horario escolar. Cargarles toda la responsabilidad es desconocer que el principal entorno formativo del niño y del adolescente es el hogar, espacio en los que muchas veces las alertas se pierden, se minimizan o no se enfrentan con la firmeza necesaria.

La discusión, entonces, debería ser más amplia. ¿Qué tanto acompañamiento real tienen estos jóvenes en sus casas? ¿Qué tanto los padres supervisan y dialogan sobre las decisiones que sus hijos toman? ¿Qué tanto la sociedad de consumo, los medios y las redes sociales influyen en la construcción de referentes dañinos que los adolescentes asumen como estilos de vida? No es justo exigirle a un colegio que cargue con el peso de fenómenos que nacen en un entramado social mucho más complejo.

Esto no significa que los colegios estén exentos de responsabilidad. Todo lo contrario: deben seguir fortaleciendo sus estrategias pedagógicas, no bajar la guardia en los programas de prevención y trabajar de la mano con entidades de salud, autoridades y familias. Pero la clave está en reconocer que el problema no radica en la falta de acción institucional, sino en la brecha entre lo que se enseña y lo que los estudiantes deciden hacer con esa enseñanza.

Los jóvenes de hoy enfrentan desafíos distintos, tentaciones constantes y una cultura de inmediatez que promueve “vivir el momento” sin medir consecuencias. Y aunque duela decirlo, muchos de ellos no escuchan, no creen y no asumen las advertencias como reales hasta que las consecuencias ya están encima. Esa es la batalla más grande: lograr que los mensajes de prevención no se queden en discursos, sino que transformen decisiones individuales.

Para acabar esta columna, señalar al colegio como único culpable es una salida fácil pero injusta. El problema requiere corresponsabilidad de todos los actores: familia, institución educativa, autoridades y sociedad. Porque si no asumimos ese compromiso conjunto, lo único que lograremos es mantener un círculo de reproches sin soluciones de fondo.