Hay preguntas que uno no debería hacerse en un país que se dice democrático. Pero hoy no puedo evitar preguntarme: ¿la universidad en Colombia está pensada para todos… o solo para quienes pueden pagarla?

No lo digo por intuición, lo digo por hechos. Más de 130.000 jóvenes de estratos 1 y 2 vieron cómo, en cuestión de semanas, sus cuotas universitarias subieron hasta en dos millones de pesos. Esto, por decisión del Gobierno de eliminar el subsidio a la tasa de interés del Icetex. Y mientras eso pasaba, también se recortaron más del 75% de las becas del Ministerio de Educación. Es decir: menos subsidios, más deuda, más exclusión.

¿Cómo se le explica a un joven que viene de un barrio donde apenas hay agua potable, que si quiere ser médico o ingeniero ahora tiene que pagar lo que una familia entera no gana en un mes? ¿Cómo se le dice a una madre cabeza de hogar que su hija ya no podrá continuar su carrera porque la cuota le subió dos millones, pero el gobierno “no puede hacer nada”?

No, esto no es alarmismo. Es realidad. Y lo peor: es injusticia estructural disfrazada de reorganización presupuestal. Se está condenando a miles de jóvenes a desistir de sus sueños, no porque no se esfuercen, sino porque no les alcanza. Y cuando el talento se desperdicia por falta de recursos, no es un problema individual: es un fracaso como sociedad.

Aquí no estamos hablando de estudiantes privilegiados. Estamos hablando de muchachos que crecieron creyendo que estudiar era la salida. Que aguantaron hambre para pagar el transporte. Que se endeudaron creyendo que el Estado iba a estar ahí. Que confiaron en que esta vez sí, la educación sería el motor del cambio. Pero no. Les subieron las cuotas, les quitaron las becas y los dejaron con la deuda… y con la decepción.

Lo más grave es que esto no fue un error técnico. Fue una decisión consciente. Se priorizó el ajuste financiero por encima del derecho a la educación. Se recortó donde más duele: en el acceso a la universidad para los más pobres. Se debilitó el puente que conecta los sueños con la realidad.

Y entonces, ¿qué mensaje se está enviando? Que la universidad es un lujo. Que la movilidad social es una promesa vacía. Que los hijos de los estratos bajos pueden estudiar… pero solo si tienen cómo pagar. Y eso, en un país como Colombia, no es solo doloroso. Es una forma de exclusión institucional.

Esto no es un ataque político. Es una defensa ética. El derecho a la educación superior no puede depender del gobierno de turno. Debe ser una política de Estado. Ser pobre no puede seguir siendo una barrera para formarse, avanzar, vivir con dignidad.

Muchos jóvenes, como yo, hemos estudiado con becas, con créditos, con ayuda. Sabemos lo que significa pedir prestado, trabajar mientras se estudia, postergar sueños para pagar cuotas. Y sabemos lo que duele ver que, después de todo ese esfuerzo, la educación vuelve a ser un privilegio.

Yo escribo esta columna porque no quiero seguir viendo a mis estudiantes de primaria crecer con la idea de que llegar a la universidad es imposible. No quiero decirles que soñar no sirve.

La educación no puede seguir siendo un lujo. Debe ser un compromiso. Una promesa que el Estado no puede romper.

La pregunta sigue en el aire: ¿para quién es la universidad en Colombia? Ojalá, algún día, podamos decir con certeza que es para todos. Y no para unos pocos afortunados.