Me resulta profundamente preocupante y absolutamente indignante la reciente ausencia de varios ministros del gobierno durante el debate sobre la protección de la niñez en el Senado de la República. El 25 de noviembre, el Congreso tuvo la oportunidad de abordar uno de los problemas más urgentes de nuestro país: la alarmante crisis que enfrentan nuestros menores, en particular frente al abuso sexual, la violencia intrafamiliar y la explotación sexual, pero, lamentablemente, los funcionarios encargados de implementar las políticas públicas en estos temas no estuvieron presentes para escuchar las inquietudes y propuestas de los congresistas.

El hecho de que ministros clave como el de Educación, Igualdad y la directora del ICBF no se presentarán al debate no es un simple error administrativo o una falta de coordinación. Es un claro mensaje de desinterés y descompromiso por parte de quienes deberían estar al frente de la protección y el desarrollo de los niños y niñas colombianos.

Me indigna que, mientras en las calles, en las casas y en las escuelas los niños y niñas siguen siendo víctimas de agresiones, violaciones y explotación, los responsables de tomar decisiones cruciales para frenar esta tragedia eluden su responsabilidad. Es especialmente doloroso cuando escuchamos las estadísticas alarmantes: cada día, cinco niños mueren a manos de la violencia en Colombia. La mayor parte de estos crímenes son evitables si el Estado toma medidas efectivas y comprometidas para proteger a los menores. Según las cifras, más del 80% de los abusos sexuales a menores son cometidos por personas cercanas, como familiares o amigos, lo que evidencia la falta de medidas efectivas de prevención y atención en el ámbito familiar y social.

El hecho de que el Congreso estuviera dispuesto a debatir sobre esta situación es una muestra de que los senadores comprenden la urgencia del tema. No obstante, la ausencia de los ministros citados demuestra que el gobierno prefiere eludir la responsabilidad ante una crisis humanitaria que afecta a los niños y adolescentes de nuestro país. ¿Cómo se puede justificar que no asistan a una sesión en la que se abordarían los principales problemas que enfrentan los menores de edad, como el abuso sexual infantil, la explotación en línea y la falta de políticas eficaces para la prevención? ¿Acaso no es el gobierno el principal responsable de garantizar el bienestar de los menores y de implementar políticas que frenen este flagelo?

Algunas voces dentro del Senado señalan que esta ausencia no es un hecho aislado, sino un reflejo de una actitud generalizada de desinterés por parte de las instituciones encargadas de velar por la niñez.

En mi opinión, el mayor error del gobierno es no reconocer que la violencia infantil no es solo un problema social, sino también un problema de salud pública. Prevenir el abuso sexual infantil debería ser una prioridad en las políticas de salud pública. Esto no solo se refiere a la atención a las víctimas, sino a la prevención desde las aulas, los hospitales, las comunidades y, sobre todo, en el hogar. Pero para que esto sea posible, es necesario que el gobierno se comprometa con políticas públicas efectivas, que incluya la capacitación de los profesionales que trabajan con menores, que garantice una respuesta rápida y efectiva ante cualquier caso de abuso, y que invierta en programas educativos de prevención.

Otro aspecto crítico que no se puede pasar por alto es la necesidad urgente de abordar la explotación sexual de menores en las redes sociales. El 86% de los casos de explotación sexual infantil ocurren a través de Internet, y el 65% de estos casos se inician en las redes sociales. Es fundamental que el gobierno adopte medidas más estrictas para controlar y regular el uso de las redes sociales, protegiendo a los menores de los depredadores que se aprovechan de su vulnerabilidad. Además, se deben implementar programas educativos que enseñen a los niños y adolescentes sobre los riesgos del ciberespacio y cómo proteger su privacidad.

En el plano institucional, es inaceptable que las entidades encargadas de velar por el bienestar de los niños y niñas no trabajen de manera coordinada. Los informes de la Defensoría del Pueblo, el ICBF y otras organizaciones muestran la desarticulación de los servicios de atención a víctimas, la falta de personal capacitado y la escasa cobertura de los programas de protección. Es evidente que no se está haciendo lo suficiente para garantizar que los niños tengan un entorno seguro y protector. A pesar de las leyes, las políticas públicas siguen siendo fragmentadas y carecen de la cohesión necesaria para enfrentar esta crisis de manera efectiva.

La indiferencia del gobierno ante esta situación es imperdonable y refleja una falta de responsabilidad y compromiso con el bienestar de la población más vulnerable del país. Es hora de que todos los sectores de la sociedad se unan para exigir un cambio real y efectivo en las políticas de protección a la niñez. Hoy más que nunca, necesitamos un compromiso real y contundente con la niñez. ¡Es hora de actuar, no de excusas!